El alto comisionado de la ONU, Alberto Brunori presentó el informe anual de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia (OACNUDH) con los resultados obtenidos en el año 2019, además de presentar diferentes recomendaciones para el gobierno nacional en pro de trabajar por mejorar la protección a las defensoras y defensores de derechos humanos, la privación arbitraria por parte de miembros del ejército y la policía, el derecho a la protesta pacífica y la violencia de género.

En primera instancia, se dieron a conocer las cifras generales del informe, dentro de los cuales se destaca las 1151 misiones al terreno y el seguimiento a los más de 250 casos de presuntas violaciones de derechos humanos realizadas por la ONU en el territorio colombiano, contrastadas con los cifras de violencia durante el año pasado, en donde se registraron 25 homicidios por cada cien mil habitantes. La oficina registró 36 masacres, siendo la cifra más alta desde 2014.

En cuanto a las y los defensores de derechos humanos, el informe da una cifra alarmante: 108 asesinatos de defensores, de los cuales el 86% ocurrieron en municipios con pobreza multidimensional que supera a la media nacional y el 98% en municipios que tienen presencia de economías ilícitas y de grupos como el ELN, grupos violentos y grupos criminales, que supuso un incremento de un 50% de los asesinatos en comparación al 2018.

Para ello, el Alto Comisionado llamó a “las autoridades nacionales, departamentales y municipales a responder de manera efectiva a las recomendaciones contenidas en las Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo” en conjunto con el plan de acción oportuna que debe priorizar una mayor participación de las autoridades regionales y de la sociedad civil.

En este informe también se hizo precisión en las privaciones arbitrarias por parte de las fuerzas armadas del estado, como lo son la policía y el ejército, documentando 15 casos durante el 2019 y lanzando una alerta a que las investigaciones sobre estos casos seguían bajo la jurisdicción de la justicia penal militar y no bajo la competencia de la justicia ordinaria, solicitando a la Fiscalía General de la Nación a mantener la competencia de los casos y al consejo superior de la judicatura a seguir los estándares internacionales para definir a la jurisdicción competente.

Durante la presentación del informe, se hizo claridad sobre lo ocurrido durante las protestas pacíficas, que contaron con algunos hechos aislados de violencia contra la policía y contra los manifestantes, lo que supuso un uso excesivo de la fuerza por parte del ESMAD, mostrando por ejemplo lo ocurrido con el estudiante Dylan Cruz y la intervención del ejército durante las protestas estudiantiles en Barranquilla, en donde se usaron armas de fuego sin existir una amenaza inminente a la vida, añadiendo que algunos oficiales de policía incurrieron en actos de tortura, la desnudez forzada, además de ser obligados a admitir comportamientos considerados violentos.

El Alto Comisionado se pronunció diciendo que “recomienda al estado iniciar investigaciones exhaustivas, efectivas e independientes en relación con estos casos” además de que se revisen los protocolos sobre el uso de la fuerza, las armas y las municiones para que sean menos letales por parte del ESMAD.

En cuanto a los derechos ambientales, el informe señala que se deben tomar medidas en cuanto a la contaminación por mercurio que se hace presente en las cuencas de los ríos Atrato, Caquetá, Cauca, además del impacto negativo que tiene la represa Hidroituango en cuanto a derechos de trabajo, al agua y a la alimentación de las comunidades de Cáceres, Caucasia, Nechí y a los pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas de Antioquia. También resalta el uso del glifosato, donde subraya los peligros a la salud y a la privación de los medios de subsistencia de las comunidades afectadas y añadiendo que el 95% de personas que participan del Plan Nacional Integral de Sustitución (PNIS) cumplieron con la erradicación voluntaria y apenas un 0,4% retorno a los cultivos ilícitos.

Por último, la violencia de género, la tasa de violencia sexual fue de 52.3 víctimas por cada cien mil habitantes, siendo la tasa más alta de los últimos 10 años donde el 85.6% fueron mujeres y 14.4% fueron hombres y un promedio de edad de 12 años.

Este informe demuestra que la situación humanitaria en Colombia ha empeorado, lo que supone una urgente respuesta por parte del Gobierno para prevenir que en este 2020 el país siga inmerso en violencia y desigualdad.