CORPORACIÓN AVRE
Su misión consiste en realizar trabajo interdisciplinario psicosocial y en salud mental fundamentado en los derechos humanos. Dicho trabajo lo hacen con personas y organizaciones víctimas de violaciones a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario, para contribuir al pleno ejercicio y realización de los mismos.
Bases Conceptuales
Las siguientes son las bases conceptuales sobre las que la Corporacion AVRE, fundamenta su trabajo de acompañamiento a víctimas de violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario:
Definir qué abarca la salud mental no ha sido una tarea fácil, por cuanto una comprensión de ésta debe considerar la totalidad del individuo y su vínculo con las comunidades, pues los cambios ocurridos en alguno de estos niveles, van a resultar en condiciones que promuevan o deterioren la vida de las personas.
Salud Mental se podría definir como “la capacidad de las personas y de los grupos para interactuar entre sí y con el medio ambiente; es un modo de promover el bienestar subjetivo, el desarrollo y uso óptimo de las potencialidades psicológicas, ya sea cognitivas, afectivas, o relacionales. Así mismo el logro de metas individuales y colectivas, en concordancia con la justicia y el bien común”
La salud mental, al ser una condición integral no debe ser responsabilidad exclusiva de los individuos, sino que debe ser un propósito de los grupos, comunidades, ciudades o Estados en los que viven, crecen y trabajan las personas, en donde asimismo se consideren las oportunidades y disponibilidad en el acceso a los servicios de salud, la existencia de políticas públicas de salud mental dirigidas al bienestar de la comunidad, y que se establezcan acciones hacia los grupos vulnerables y en riesgo.
La Corporación AVRE hace una apuesta por un trabajo en pro de la salud mental, en este sentido el acompañamiento no sólo se dirige a disminuir el dolor y el sufrimiento emocional, sino que también persigue la realización de labores de prevención para evitar la aparición de trastornos mentales severos, así como del derecho de las personas al disfrute de condiciones que le permitan una adecuada salud mental2 y una vida en condiciones de dignidad.
El enfoque psicosocial representa una mirada o postura tendiente a comprender las respuestas y los comportamientos de las personas víctimas de hechos violentos y de la vulneración de sus derechos, en un contexto cultural, político, económico, religioso y social determinado.
Este enfoque a su vez, fundamenta procesos de acompañamiento personal, familiar y comunitario para restablecer en las víctimas su integridad, fortalecer la identidad, reconstruir la dignidad y el tejido social, así como la reparación de los derechos vulnerados.
Busca al mismo tiempo reducir el sufrimiento emocional de las personas, favorecer una elaboración de las experiencias (dotarlas de sentido), potencializar y restaurar los recursos internos (individuales, familiares y colectivos) con que disponen para su recuperación, así como fortalecer procesos de reconstrucción familiar y sociopolítica.
Al hablar de enfoque psicosocial con fundamentación en Derechos Humanos, se reconoce la existencia de un conflicto armado interno y de violencia sociopolítica en el país, que compromete al Estado por la acción u omisión en la protección de los derechos.
También reconoce en las víctimas los impactos psicosociales y en la salud mental generados por los hechos violentos perpetrados por actores del conflicto armado interno, ubicando responsabilidades e intereses.
La perspectiva de Derechos Humanos transforma, al sujeto vulnerado por la acción, omisión o incapacidad del Estado para proteger su integridad; en un sujeto con derecho a ser resarcido y reparado integralmente. Contribuye también a que la población reconozca, ejerza y exija sus derechos; impide un lenguaje externo de conmiseración y compasión que da lugar a la victimización, la pasividad y la dependencia, y evita un trato discriminatorio relacionado con género, étnia, religión o edad.
Esta fundamentación aplica sistemáticamente los principios de igualdad y de solidaridad, con lo que se busca de manera explícita y práctica, el beneficio de las víctimas teniendo en cuenta su condición, respetando sus derechos y protegiéndolas de posibles agresiones derivadas del contexto.
Persona (s) que, individual o colectivamente, como resultado de actos u omisiones que violan los DDHH o el DIH han sufrido daños físicos o mentales, sufrimiento emocional o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales y que cumplen a su vez un papel activo como sujetos políticos y sociales en la exigencia de sus derechos, en la reconstrucción y reivindicación de la memoria histórica y en su recuperación emocional.
Se podrán considerar también víctimas a los miembros de la familia directa o personas a cargo de la víctima directa, así como a las personas que al intervenir para asistir a la víctima o impedir que se produzcan otras violaciones, hayan sufrido daños físicos, mentales o económicos. Las víctimas, son personas que adquieren un papel activo como sujetos de derecho y por lo tanto cumplen algunas funciones específicas:
Son testigos históricos y representan la memoria de los acontecimientos brutales.
Son los sujetos sociales que se oponen y resisten a la impunidad.
Son la franja social que se opone con mayor radicalidad a las concesiones simplistas y minimalistas que intentan justificar el sacrificio de la verdad y la justicia a cambio de la paz.La expresión “víctima” es la categoría jurídica que condensa el derecho a la verdad, justicia y reparación integral, así como las garantías de no repetición.
Es aquella ejercida como medio de lucha político – social, ya sea con el fin de mantener, modificar, sustituir o destruir un modelo de Estado o de sociedad, o también para destruir o reprimir a un grupo humano con identidad dentro de la sociedad por su afinidad social, política, gremial, étnica, racial, religiosa, cultural o ideológica, esté o no organizado. Tal tipo de violencia puede ser ejercida:
1. Por agentes del Estado o por particulares que actúan con el apoyo, tolerancia o aquiescencia de las autoridades del Estado y en este caso se tipifica como Violación de Derechos Humanos.
2. Por grupos insurgentes que combaten contra el Estado o contra el orden social vigente, y en este caso:
Esa violencia se ajusta a las leyes o costumbres de la guerra y entonces se tipifica como Acciones Bélicas.
3. Se aparta de las normas que regulan los conflictos armados y entonces se tipifica como Infracción al Derecho Internacional Humanitario. Por grupos o personas ajenas al Estado y a la insurgencia, pero impulsados por motivaciones ideológico – políticas que los llevan a actuar en contra de quienes tienen otras posiciones o identidades, o de quienes conforman organizaciones de las antes mencionadas.
En ocasiones los autores son identificables como ajenos al Estado y a lainsurgencia; en otras, la identidad de los autores no es posible determinarla pero sí hay elementos para identificar los móviles. Dado que el elemento identificable en todos estos casos es la motivación, estos casos se tipifican como Violencia Político – Social.
Comprensión de la experiencia de personas y grupos, sin aislarlos del contexto social, político, económico y cultural. El desconocimiento de estos factores implica una concepción del sujeto ahistórica y asocial.
Cuestionamiento constante a los modelos de trabajo, en la prevención de las causas de la violencia sociopolítica y no sólo en el enfrentamiento de las consecuencias.
Respeto a la diversidad y a las particularidades de género, étnicas y culturales de la población.
Reconocimiento del daño ocasionado a las víctimas de violencia sociopolítica, al igual que su papel activo en la reivindicación de sus derechos.
Reflexión y análisis constante del contexto, los actores y las implicaciones del acompañamiento psicosocial.
No existe neutralidad en el acompañamiento psicosocial, éste siempre está marcado por una postura política a favor de las víctimas. Cuando se acompaña se actúa políticamente.
Por violación a los Derechos Humanos debe entenderse toda conducta positiva o negativa mediante la cual un agente directo o indirecto del Estado vulnera, en cualquier persona y en cualquier tiempo, uno de los derechos enunciados y reconocidos por los instrumentos que conforman el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Los dos elementos específicos que convierten un acto de violencia cualquiera en una violación de derechos humanos son, por una parte el autor, y por el otro la materia. Si el autor es un agente directo o indirecto del Estado, y si el derecho violado es alguno de los consagrados en los pactos internacionales de derechos humanos, entonces, el acto de violencia se constituye en una violación de derechos humanos. Una violación de derechos humanos puede tener como móvil la persecución política, la “intolerancia social” o el simple abuso o exceso de autoridad.
La autoría estatal, como elemento determinante para tipificar una violación de derechos humanos, puede darse de varias maneras:
1. Cuando el acto de violencia es realizado directamente por un Agente del Estado (a este respecto se entiende por Agente del Estado aquel que tiene funciones represivas o de control, o a quien se le ha asignado la protección de un derecho) que ejerce una función pública;
2. Cuando el acto de violencia es realizado por particulares que actúan con el apoyo, la anuencia, la aquiescencia o la tolerancia de agentes del Estado;
3. Cuando el acto de violencia se produce gracias al desconocimiento de los deberes de garantía y protección que tiene el Estado respecto a sus ciudadanos.
Grupo Meta
Hombres y mujeres sin distinción de edad, procedencia geográfica, raza, credo, género o estrato socio – económico, a saber:
- Víctimas directas de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. (Familiares de desaparecidos/as forzados/as.
- Familiares o sobrevivientes de masacres, atentados, torturas, asesinatos selectivos; detenidos/as arbitrariamente.
- Amenazado/as.
- Población y/o comunidades en situación de desplazamiento forzado o en alto riesgo de desplazamiento por violencia política).
- Trabajadores de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, paz, humanitarias, de víctimas.
- Gremiales, eclesiales, comunitarias y otras afines.
- Entidades co.ejecutoras locales, regionales o nacionales, entre las que podemos encontrar organizaciones de carácter social, no gubernamental, de víctimas, eclesial, educativas, entre otras.
- Otras ONG de Derechos Humanos u organizaciones sociales / gremiales, que pueden ser co-ejecutoras en la línea de procesos y casos o para proyectos interinstitucionales.
- Plataformas de derechos humanos regionales, nacionales e internacionales.
- Plataformas de donantes en concertación para realizar actividades coordinadas.
- Entidades Internacionales e Intergubernamentales con mandato relevante.
- Universidades y sector académico.
Acompañamiento
Costa Caribe:
A Costa Caribe es una de las regiones más deprimidas del país en términos de pobreza y acceso a recursos por parte de sus habitantes. Sobresalen los índices de desempleo, la alta recepción de población en situación de desplazamiento forzado, la corrupción y el clientelismo, sumado a la cooptación de la gobernabilidad por parte de los actores del conflicto armado interno.
Región Sur-Occidente:
El Sur Occidente colombiano integra los departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Esta región se ha caracterizado por la conjugación del accionar de los diferentes actores armados que hacen presencia y se disputan los territorios (agentes estatales, paramilitares e insurgentes), motivados por intereses geoestratégicos sobre el Puerto de Buenaventura, la salida hacia al pacífico y hacia el Ecuador. También hacia las riquezas naturales, minerales y los yacimientos de hidrocarburos que posee la zona.
Zona Medellín:
Históricamente el departamento de Antioquia y su capital la ciudad de Medellín, han sidofuertemente golpeadas por el conflicto armado interno en sus diversas manifestaciones y han sido centro de atención por los diversos procesos regionales y locales que allí se han suscitado asociados a la dinámica de dicho conflicto: La visibilización del fenómeno del narcotráfico y la consolidación del cartel de Medellín en la década de los 80’s; el inicio de la lucha contra – insurgente, la conformación/legalización de las Convivir y la aparición de los grupos paramilitares en la década de los 90’s; el inicio del proceso de “desmovilización” de los grupos paramilitares en la ciudad de Medellín entre otros.
Región Magdalena Medio:
La región del Magdalena Medio comprende los municipios ubicados al margen del Río Magdalena, yendo desde Puerto Nare (Antioquia), hasta el municipio de La Gloria (Cesar). Cuenta con gran riqueza natural en recursos renovables y no renovables, biodiversidad y una privilegiada ubicación geográfica, constituyéndose en referente fundamental para el desarrollo nacional
Zona Bogotá:
Diferentes grupos han hecho y hacen presencia en la capital del país tomando el control de zonas estratégicas, en aras de financiar actividades ilícitas y ampliar sus filas con el reclutamiento y vinculación de niños, jóvenes y otros grupos de la población que habitan las zonas más deprimidas de la ciudad. Específicamente desde la década de los 90`s, grandes redes que conectan grupos guerrilleros, paramilitares, narcotráfico y delincuencia organizada, se han instalado en Bogotá como punto estratégico para sus operaciones, en tanto centro político, económico y financiero del país.
Plataformas
Coordinación Colombiana Europea Estados Unidos
Es una coalición de 260 organizaciones colombianas que trabajan en la promoción, divulgación y defensa de los derechos humanos. Es una plataforma autónoma, amplia y plural de encuentro y trabajo compartido entre organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales de diferentes regiones del país. Con el apoyo de organizaciones internacionales de solidaridad, complementa las tareas y esfuerzos de las ONG en las relaciones y el trabajo internacional por los derechos humanos.
Coalición Colombiana Contra La Tortura
Es un ente interinstitucional que busca potenciar el trabajo de las organizaciones defensoras de derechos humanos, promoviendo acciones dirigidas a la prevención, protección, recuperación de las víctimas de tortura, y difusión de la situación de la problemática en instancias nacionales e internacionales.
La Coalición Colombiana Contra la Tortura está conformada por las siguientes organizaciones: Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (ASFADDES), Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), Corporación Acompañamiento Psicosocial y Atención en Salud Mental a Víctimas de Violencia Política (AVRE), Corporación Centro de Atención Psicosocial (CAPS), Corporación Reiniciar, Corporación Vínculos, Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos (FCSPP) y Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT).
Proyectos Especiales - Fondo de Protección
El FFP Es una iniciativa de Diakonia – Acción Ecuménica Sueca y sus copartes en Colombia, que busca fortalecer las condiciones de seguridad y protección, así como las capacidades individuales y colectivas de protección y de autoprotección de quienes trabajan en defensa y promoción de los derechos humanos, paz e intereses sociales en un contexto de sistemáticas violaciones.
El fondo cuenta con tres instancias: El Comité Coordinador conformado por cuatro organizaciones que son: La Corporación AVRE; El Centro Justapaz; Humanidad Vigente Corporación Jurídica en representación de la Coordinación Colombia – Europa – USA y el Instituto de Servicios Legales Alternativos ILSA; la entidad administradora que en la actualidad es el Centro Justapaz; y la Secretaría Técnica.
Se sigue apostando por la formación, el fortalecimiento y el apoyo desde las organizaciones, como factores de protección.
“[Las] amenazas en Colombia se tienen que tomar muy en serio”, dijo en noviembre de 2014 Fabrizio Hochschild – Director de Naciones Unidas en Colombia; afirmación que es muy diciente teniendo en cuenta la realidad que enfrentan las y los defensores de derechos humanos, en especial quienes trabajan por la reivindicación de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, en el país.
Proyectos Especiales - Fondo de Protección
El Grupo de Trabajo pro Reparación Integral es un espacio de coordinación interinstitucional conformado desde el año de 2004 por organizaciones académicas y defensoras de los Derechos Humanos, reunidas para fortalecer estrategias de superación de la impunidad, generando análisis, reflexión, sensibilidad y producción de materiales sobre los mecanismos de reparación integral desde la complementariedad.
Este grupo ha contribuido a dinamizar procesos de reconstrucción de la memoria histórica, mediante el fortalecimiento de las víctimas y entidades acompañantes en procesos de reparación y articulando diferentes iniciativas de la sociedad civil.
Las Organizaciones que integran el grupo son:
El interés de este grupo de trabajo es la construcción de alianzas interinstitucionales para realizar actividades conjuntas en líneas estratégicas de acción como la defensa y garantía de la reparación integral y la superación de la impunidad. Dichas alianzas están encaminadas a aunar esfuerzos en la búsqueda de soluciones sostenibles en Derechos Humanos y Democracia.
En este marco, el Grupo de trabajo Pro Reparación Integral se plantea la necesidad de construir una serie de herramientas pedagógicas, orientadas a la reflexión y la búsqueda de alternativas, que permitan crear y desarrollar acciones estratégicas, a partir, del trabajo con las víctimas y las organizaciones que acompañan sus procesos de superación de la impunidad, es así que surge el matrial pedagógico sobre reparación integral “Voces de memoria y dignidad”, que pretende aportar elementos conceptuales y metodológicos para que las organizaciones y movimientos sociales que han sido víctimas de la violencia sociopolítica, así como las organizaciones que acompañan y promueven los procesos de verdad, justicia y reparación en Colombia, puedan asumir un papel activo como sujetos sociales e históricos en la reivindicación de sus derechos.
Publicaciones
Material Didáctico
Desde el año 1999 inició la construcción participativa de una propuesta pedagógica que se consolida en un paquete pedagógico conformado por 14 cartillas que dan cuenta de un conjunto de talleres resultado de la experiencia de la Corporación AVRE en el área de capacitación y específicamente en el proceso de formación de Terapeutas Populares (TPs) y Multiplicadores(as) en Acciones Psicosociales (MAPs).
- Diagnóstico psicosocial
- Efectos psicosociales de la impunidad
- Elaboración de proyectos
- Entrevista individual
- Evaluación e intervención grupal
- Impacto colectivo de la violencia sociopolítica
- Impacto individual de la violencia sociopolítica
- Intervención en miedo y duelo
- Intervención individual
- Material para talleristas
- Memoria, identidad y cultura
- Presentación del proceso
- Resolución de conflictos
- Salud mental y derechos humanos
